Propietarios del monte protegido de Pozuelo de Alarcón, también conocido como monte del Pilar, han solicitado licencia, acogiéndose a la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley ViRuS), para construir 32 mansiones. Los propietarios, vinculados a grandes familias llevan cortando el acceso a caminos públicos desde el año 2010. La asociación de ciudadanos por el uso público del Monte del Pilar y de Pozuelo y Ecologistas en Acción que forma parte de la Plataforma AntiViRuS, se movilizan contra esta agresión.

Entre junio de 2014 y enero de 2015, se han presentado, ante el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 32 solicitudes de licencia para la construcción de viviendas ViRuS. De momento, se tramitan 6 solicitudes, mientras que las otras 26 han sido desestimadas. Sin embargo vecinos y ecologistas temen que los propietarios vuelvan a insistir.

El monte de Pozuelo de Alarcón es una extensión de la Casa de Campo y del monte de El Pardo, un encinar de gran valor natural. El monte se divide entre los municipios de Majadahonda, donde se conoce como monte del Pilar, Pozuelo de Alarcón, con la mayor superficie y Madrid (Aravaca). El encinar cuenta con la máxima protección, pero mientras en Majadahonda y Madrid es suelo público, en Pozuelo de Alarcón es de propiedad privada.

Entre los propietarios de Pozuelo de Alarcón, destacan nombres como Juan Güell Martos, conde de Güell; Angustias Martos Aguirre, condesa de Heredia-Spínola, o la familia Oriol, descendientes de José Luis de Oriol Urigüen (Talgo). A la familia Oriol pertenece la nuera de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol Garrigues, que está casada con Fernando Ramírez de Haro y Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, hijo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre fue la promotora de la Ley ViRuS que inició su tramitación en la Asamblea de Madrid siendo ella Presidenta, aunque se aprobó tras la toma del cargo por Ignacio González. La nueva norma salió adelante con el único apoyo del Partido Popular y el rechazo de todos los grupos de la oposición. Actualmente está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el partido socialista.

La Ley levantó un rechazo casi unánime entre arquitectos, geógrafos, biólogos, urbanistas y grupos ecologistas que bautizaron la Ley como ViRuS por su elevado impacto ambiental y urbanístico y crearon la plataforma AntiViRuS.

El problema de la Ley es que prevalece sobre el planeamiento urbanístico y permite la construcción de viviendas de lujo en suelo no urbanizable, aunque la normativa municipal lo prohíba. Esto es lo que sucede en Pozuelo de Alarcón. El monte está clasificado como suelo no urbanizable de protección forestal, pero la Ley permite construir viviendas de hasta 900 metros cuadrados por cada seis hectáreas de terreno.

En el caso de Pozuelo de Alarcón, las 32 licencias supondrían la ocupación de 198 hectáreas del monte y la construcción de 29.800 metros cuadrados.

Al problema de las viviendas hay que añadir que desde el año 2010, propietarios del monte, al vallar sus fincas, cortan el acceso a los caminos públicos que atraviesan la zona forestal. Para defender caminos y monte, vecinos de los tres municipios limítrofes constituyeron la Asociación de ciudadanos por el uso público del Monte del Pilar y de Pozuelo. El pasado domingo organizaron una marcha para denunciar el cierre de varios caminos y el riesgo que se cierne sobre la zona si se llegan a construir las viviendas que pretenden los propietarios.

Vecinos y Ecologistas en Acción, esperan que el nuevo Gobierno regional derogue la Ley ViRuS,propuesta que se incluye entre las 114 presentadas por la organización. Mientras tanto ambos colectivos seguirán trabajando para evitar la destrucción del monte y la desaparición de los caminos públicos.